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SOCIEDAD
El desencuentro
CÉSAR COCA/
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TEMAS POLÉMICOS
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Financiación
Hace 25 años la Iglesia se comprometió a la autofinanciación. El actual
sistema (aportaciones de los fieles en el IRPF y el Estado garantiza un
mínimo) debe revisarse en 2005, pues no parece que el Estado quiera
prorrogarlo automáticamente.
Clases de religión
El Gobierno ha planteado que la Religión deje de ser una asignatura
evaluable. Algunos obispos han hablado de medida ilegal, vulneración de los
derechos constitucionales de los padres y de intento de adoctrinamiento en
el laicismo. Divorcio
El cambio en la normativa aprobado por el Gobierno ha sido denunciado por
la Iglesia, que prevé «más divorcios y más sufrimiento» y una inestabilidad
«en la vida matrimonial, que la hace incapaz de afrontar las
crisis».Matrimonio de homosexuales
La anunciada reforma lo permitiría, incluida la posibilidad de la adopción.
La Iglesia ha señalado que «el Estado no puede reconocer este derecho
inexistente», de manera que su propuesta «dañará, sin duda muy seriamente,
el bien común».Aborto
La Iglesia se ha opuesto siempre a la legalización del aborto. Ya mostró su
rechazo a la ley actualmente en vigor -lo que supuso un serio
enfrentamiento con el Gobierno de González-, y es radicalmente contraria a
cualquier ampliación.Células embrionarias
La aprobación de modificaciones en la Ley de Reproducción Asistida abre, a
juicio de la Iglesia, «la puerta a la investigación con seres humanos en
estado embrionario», algo que «contradice la dignidad del hombre y su
derecho a la vida».
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Desde comienzos de los ochenta, cuando se aprobaron el divorcio
y la despenalización del aborto, no se había dado una tensión semejante. El
Gobierno y la Iglesia se han enzarzado en una batalla que de momento es
dialéctica, pero que amenaza con emplear otros medios, incluida una
manifestación. Una batalla que de forma mucho más sutil se libra también en
el interior de la misma jerarquía eclesial, donde ni mucho menos todos están
de acuerdo con las posturas más radicales, y en el seno del PSOE, donde
algunos dirigentes, procedentes de las corrientes cristianas, están intentado
suavizar aristas y plantean la necesidad de acuerdos.
La tensión ha crecido desde el verano, con los sucesivos anuncios de cambios
legales en cuanto al aborto, el divorcio, el matrimonio entre homosexuales y
el uso de células embrionarias, que la Iglesia rechaza. A estos asuntos de
índole moral se suman otros motivos de fricción que tienen un carácter bien
diferente. El Gobierno quiere terminar con lo que entiende como trato
preferente a la Iglesia católica, impropio de un Estado aconfesional. Y eso
se plasma en la posibilidad de cambiar al menos algunos aspectos de su
financiación y en el rango nuevo que pretende dar a la clase de Religión, que
según el proyecto que ha trascendido perdería su carácter de asignatura
evaluable. En este caso, lo que está en juego son recursos e influencia, y no
problemas morales. Curiosamente, la legalización de la eutanasia, objeto de
una importante campaña por parte de la jerarquía eclesial, no figura entre
los planes del Gobierno para esta legislatura, según reiteran todos sus
representantes.
La Iglesia se siente atacada, una impresión que mantienen sobre todo los
sectores más conservadores, encabezados por el arzobispo de Toledo y
presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, Antonio Cañizares. Éste,
junto a los obispos de Castellón (Reig Plá), Valencia (García Gascó),
Mondoñedo-Ferrol (Gea Escolano) y Pamplona (Sebastián), se ha convertido en
el portavoz más destacado de la jerarquía eclesial, en unas semanas en las
que el presidente de la Conferencia, Antonio María Rouco, convalecía de una delicada
intervención quirúrgica. Algunos analistas apuntan también que el papel
protagonista de determinados prelados no puede desvincularse del hecho de que
el año próximo se celebrarán elecciones a la presidencia de la Conferencia
Episcopal.
Pero no todos en el seno de la Iglesia hablan de acoso por parte del
Gobierno. Las diócesis de Aragón, Cataluña y Euskadi, por ejemplo, se han
distanciado de las posturas maximalistas. Eso no significa que las
discrepancias vayan a hacerse visibles de forma tan evidente como para no
distribuir los folletos sobre la eutanasia, como se especuló hace unos días.
Pero se harán notar en otros aspectos.
Diferencias internas
Las diferencias son en muchos casos de fondo. El catalán José Ignacio
González-Faus, responsable del área teológica de Cristianisme i Justicia y
cuyas opiniones tienen en general gran eco en de los sectores más
progresistas de la feligresía, escribía hace unos días una carta pública a
los obispos: «Me temo que lo que llamáis persecución -decía- no es más que la
saturación y hartura de buena parte de la sociedad (tanto de no creyentes
como de muchos cristianos)». Otras veces se refieren a aspectos concretos,
como el de la financiación. Y sobre ello algunos recuerdan que la Iglesia se
comprometió en los acuerdos con el Estado de 1979 a lograr la
autofinanciación, y apenas ha hecho nada por ello, de manera que no tiene
autoridad moral para quejarse cuando ha tenido tanto tiempo para prepararse
ante una nueva situación.
En los aspectos más específicamente morales no hay diferencias en el fondo
pero sí en la forma. Por eso las diócesis de Cataluña y el País Vasco están
lejos de encabezar la protesta. Un portavoz autorizado de una de esas
diócesis ha comentado a este periódico que hasta que a finales de este mes,
en el plenario de la Conferencia Episcopal, no se aborden en concreto las
medidas a tomar, algunos obispos no dirán una sola palabra sobre las mismas.
Actitud bien diferente a la de otros prelados, que en unas pocas semanas han
tenido numerosas intervenciones públicas. Un profesor de Teología de una
universidad de la Iglesia recuerda además que desde hace algún tiempo las
diócesis vascas (y algunas catalanas) ven a la jerarquía eclesial con
reticencia y quieren marcar distancias. En este caso, lo harán negándose a
movilizar a sus feligreses.
Cristianos en el PSOE
Tampoco hay unanimidad en las filas socialistas respecto de la actitud que el
Gobierno debe adoptar con la Iglesia. Un representante del sector del
socialismo cristiano ha comentado a este periódico que, a partir de la
convicción común de que es preciso terminar con el trato de favor a la
Iglesia, un sector del partido muestra desde hace unos años una tendencia que
él califica de «fundamentalismo antirreligioso». Un sector que vio reforzadas
sus posiciones con el triunfo de Rodríguez Zapatero en el congreso del
partido del año 2000, porque suponía la derrota de Bono, cuyas buenas
relaciones con los obispos son de sobra conocidas.
Fuentes del PSOE destacan que el ideólogo de las posturas más radicales es,
paradójicamente, un intelectual y político de convicciones cristianas:
Gregorio Peces-Barba, rector de la Universidad Carlos III y cabeza visible de
un grupo de profesores del mismo centro que están enfrentados a la
Conferencia Episcopal.
Ese radicalismo fue rebatido con argumentos hace unos pocos días, en el
transcurso de un comité federal del partido. Allí, Ramón Jáuregui defendió
que también el sector cristiano del PSOE debe ser tenido en cuenta a la hora
de definir políticas. Su intervención fue muy aplaudida, y uno de quienes se
distinguieron en el apoyo al diputado vasco fue el ministro de Justicia, Juan
Fernando López Aguilar. Aunque públicamente no se ha pronunciado, el ministro
de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, pertenece también a este grupo. Y
todos ellos piensan que, al margen del acierto de algunas medidas propuestas
por el Gobierno, quizá no ha sido muy adecuado presentarlas de forma casi
simultánea, porque se ha generado la impresión de que el Ejecutivo arremete
contra la Iglesia y los católicos.
Precisamente será López Aguilar el encargado de reunirse con Rouco en breve
para tratar de impedir que la espiral de declaraciones, cada vez más burdas y
menos argumentadas, continúe. En ese contexto, ceremonias como las llevadas a
cabo en dos ayuntamientos catalanes y coloquialmente conocidas como de
'bautismo civil' no hacen sino entorpecer los intentos de acercamiento,
porque la Iglesia las interpreta como una burla de sus ritos.
Mientras, grupos de cristianos movidos en algunos casos por las diócesis o la
propia Conferencia Episcopal continúan la preparación de protestas al margen
de que la tensión pueda relajarse. Por eso, la recogida de firmas en los
colegios promovida por la Concapa y apoyada por algunas diócesis y la
manifestación que varias asociaciones -nunca la jerarquía eclesial
directamente- preparan para una fecha aún indeterminada parecen imparables.
¿A quién beneficia el enfrentamiento? El sector cristiano del PSOE teme que,
si continúa, la Iglesia se arroje en brazos del PP. Los más liberales dentro
de la Iglesia advierten sobre la posibilidad de que ésta se aleje aún más de
la sociedad y acelere su pérdida de prestigio entre los jóvenes. La directora
general de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico, acaba de comentar que «el
Gobierno está abierto al diálogo
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