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MADRID. La recomendación realizada por la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce, en el sentido de marcar la casilla de «otros fines de interés social» en la declaración de la renta, en detrimento de la casilla de la Iglesia católica, han vuelto a dar un giro de tuerca en las ya crispadas relaciones entre Iglesia y Gobierno. Las críticas contra las palabras de Valcarce no se han hecho esperar. Y la mayor parte de las reacciones coinciden en señalar que la secretaria de Estado se «extralimitó» en sus funciones y debió ser más «neutral» en este debate.
Las declaraciones de Valcarce han calado muy hondo en la jerarquía eclesiástica. Uno de los primeros en pronunciarse ayer fue el obispo de Urgell, Joan-Enric Vives. En declaraciones a Catalunya Radio, el prelado cuestionaba las funciones de la secretaria de Estado y se preguntaba si «la misión de esta señora es hacer eso. Ella está ahí para hacer una buena gestión. Y ya está». Y criticó sus palabras: «Eso es hacer moralina. A nadie se le dice esto. Democracia es también decirle al Gobierno que se está pasando». También otros sectores de la Iglesia, a falta de una declaración oficial por parte de la Conferencia Episcopal, que celebra estos días en Madrid su Asamblea Plenaria, no dudaron en significar la «ceguera» de la secretaria de Estado de Servicios Sociales por «obviar» la acción social de la institución. Según un portavoz de la Iglesia gallega, sus palabras son «imprudentes» además de «injustas» y corresponden a una «persona sectaria» que permanece «totalmente ajena al bien social que hace y ha hecho la Iglesia católica».
El propio monseñor José Gea Escolano, obispo de Cea-Mondoñedo, fue crítico ante las declaraciones realizadas por un miembro del Gobierno socialista y manifestaba que «nadie puede entrar a animar o no a los ciudadanos respecto a su elección» de la casilla en la declaración de la renta.
«Caso insólito»
La polémica llegó también a los partidos políticos. Desde el Grupo parlamentario Popular, el diputado José Antonio Bermúdez de Castro mostraba su indignación «ante un caso insólito, impropio de un alto cargo que se ha manifestado a favor de una opción, cuando su obligación es ser neutral». Además, en un día en el que «la Conferencia Episcopal hacía un llamamiento al diálogo».
Para Bermúdez de Castro las declaraciones de la secretaria de Estado «forman parte de la campaña de acoso a la Iglesia católica emprendida por el PSOE». Por eso, desde el PP se exige al Gobierno que ponga fin a esa campaña «que lo único que produce es crispación social». Incluso esta formación política estudia la posibilidad de «pedir explicaciones a Valcarce en el Congreso de los Diputados», si el Gobierno no desautoriza sus desclaraciones.
También el portavoz de Hacienda del PP en el Congreso y ex secretario de Estado de Comercio y Turismo, Francisco Utrera, recalcó que no es partidario de hacer un llamamiento a los contribuyentes para que opten por lo que «no quieren hacer», dirigiéndoles para que en sus declaraciones del IRPF dejen de destinar dinero a la Iglesia en favor de las ONG. «Cada uno que llame a que los contribuyentes realicen acciones en bases a sus propias propuestas y concepciones de lo que ha de ser el reparto de los impuestos», afirmó.
Manel Silva, vicepresidente de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), fue otro de los políticos que tomó cartas en el debate. En su opinión, las declaraciones de la secretaria de Estado «responden o a una mala fe o la ignorancia respecto a las relaciones que marca la Constitución española sobre las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia. Forma parte de la voluntad del PSOE de alterar el artículo 16 de la Constitución, donde se protege la libertad de culto. Los poderes públicos deben respetar la libertad de expresión de todas las asociaciones, entidades y también la Iglesia». Según Silva el debate tiene otros trasfondo: «Esas afirmaciones son una rabieta porque el Gobierno acepta mal las críticas de la Iglesia. Quizá esa señora debería perder menos el tiempo y fijarse más en las aportaciones que hace la Iglesia a los servicios sociales. En el fondo subyace una revisión del consenso constitucional sobre la cooperación entre el Gobierno y las confesiones religiosas».
Cambiar la raíz del problema
Por parte del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), su portavoz en el Congreso de los Diputados, Francisco Rodríguez, caracterizó para ABC las declaraciones de Amparo Valcarce como «respetables» aunque «incoherentes». En la línea crítica que viene manteniendo esta formación política, Rodríguez consideró que lo que se debe hacer no es animar a los ciudadanos a destinar dinero del IRPF a «otras alternativas», sino cambiar desde la raíz los acuerdos entre la Santa Sede y la Iglesia católica que es donde emerge el verdadero problema: mantener los acuerdos vigentes en materia financiera significa «seguir otorgando a la Iglesia protección y privilegios», señaló diputado nacionalista.
Apoyos a Valcarce
Sin embargo, las declaraciones de Valcarce contaron con el apoyo de las filas socialistas, ya que ayer el secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, Pedro Zerolo, salió en defensa de su compañera, afirmando que «cada cual es libre de animar a lo que estime conveniente» y advirtiendo que «responsables de otras instituciones y áreas sociales animan para que la cruz se ponga en otro lado».
Como respuesta, el mismo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales emitió ayer un comunicado recordando cómo se distribuyeron este año los más de 95 millones de euros que a través de 0,52 por ciento del IRPF (del ejercicio de 2002), gracias a los contribuyentes que eligieron marcar la casilla de «otros fines de interés social» en la declaración de la renta. En esta ocasión han servido para financiar 831 programas que realizan 317 ONG. Pues bien, Asuntos Sociales matiza en su nota que «las ONG vinculadas a la Iglesia católica han recibido más de 21 millones» y que «el reparto fue aprobado y presentado por el Ministerio al Consejo Estatal de ONG en julio». «El principal aumento -continúa el comunicado- se refiere a Cáritas Española, que con 9,5 millones» se benefició «de un incremento del 5,75 por ciento en relación a la convocatoria anterior».
MADRID. Toxicómanos, reclusos, ancianos, seropositivos y niños
de familias desestructuradas configuran, entre otros, el rostro más humano
de una noticia que no ha sentado nada bien en las filas católicas. Las
declaraciones de la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce,
instando a no marcar la casilla de la Iglesia en la declaración de la
renta perjudicarán a colectivos tan necesitados como éstos, así
como a inmigrantes, minusválidos o «sin techo». «Si
nos quitan ese dinero para atender también a los pobres, nosotros encantados;
pero si no lo destinan a esta causa, ¿quién se va a ocupar de
ellos?», opina el cura Benicio, de la parroquia de Santa María
de la Cabeza.
Con un sarcasmo que trasluce resignación y enfado, el sacerdote comenta que «habrá quien se alegre de que allí (señala un edificio contiguo donde las Misioneras de la Caridad dan de comer a los pobres del barrio) tengan que cerrar, porque así dejará de pasar gente «rara»». «Y si no podemos echar una mano a una viuda en paro y con tres hijos, que busque ropa y comida en otra parte, ¿no?».
Entre el bullicio que provocan los niños de la catequesis, Benicio dice que es preferible tomarse el asunto «con filosofía» y, aunque lamenta que para Valcarce «parece que vale todo y no importa nada», concluye que «así nos purificamos todos, en vez de acomodarnos». Sin embargo, «el primer mandato de un Gobierno es servir al pueblo y eso incluye a los marginados», recuerda. No en vano, hay decenas de organizaciones religiosas que se entregan a los desfavorecidos allí donde no llega el Estado.
En la parroquia de Santa Rita fueron atendidos el pasado mes de octubre 50 casos de personas que precisaban dinero en metálico, acogida o información. Éstos son los servicios que cubren con mayor asiduidad, pero esta iglesia de los Padres Agustinos también se encarga de facilitar el acceso de inmigrantes a puestos de trabajo, de suministrar ayudas mensuales fijas para jubilados, de financiar envíos de ayuda humanitaria a zonas donde se haya producido una catástrofe y otros problemas.
Todo ello, con un presupuesto que alcanzó en 2003 los 110.000 euros, procedentes de Cáritas nacional y de los donativos de los feligreses en la colecta del primer domingo de mes.
El «Dispensario Médico-Jurídico San Antonio» de los Hermanos Capuchinos funciona en la misma línea, atendiendo a quienes requieren sus servicios. Como no piden «papeles», los inmigrantes son sus principales beneficiarios, aunque no los únicos: también acuden personas mayores con escasos ingresos, que huyen así de las largas listas de espera de la Seguridad Social.
Dos religiosas son las enfermeras. Se encargan de gestionar el centro, dar cita, recibir a pacientes y reorganizar el local, que debe aprovechar al máximo el espacio para servir de consulta de odontología, ginecología u oftalmología. Los médicos ofrecen sus servicios voluntariamente, mientras que farmacias y ciudadanos donan los medicamentos. Los medios técnicos, en cambio, se compran con dinero de la Iglesia de San Antonio.
En el colegio de San Alfonso, en un pequeño salón del entresuelo, la congregación de las Hijas de la Caridad lleva casi veinte años dando de cenar diariamente a medio centenar de «sin techo». Además de una comida caliente, las hermanas de la comunidad les proporcionan algo de ropa, que las familias de la escuela les donan o que ellas mismas compran con el dinero de la comunidad.
«Es un comedor muy pequeño y modesto -afirma una de las hermanas- pero es muy conocido porque dicen que se come muy bien, casi como en un hotel». Día tras día, casi un centenar de personas se arremolinan en la entrada, aunque sólo pueden entrar cincuenta. No caben más. «A veces preparamos bocadillos, para que no se vaya nadie sin algo que comer», explica otra de las monjas.
Su labor educativa costaría a la sociedad algo menos que los tres ministerios
españoles más caros
Más de 31.000 millones de euros; unos 51,9 billones, con b, de pesetas.
Semejante cifra no es el premio de lotería más grande del mundo
ni el presupuesto de Defensa de EE UU. Es la cifra que tendría que costear
el Estado español para sustituir la labor social que realiza la Iglesia.
Levantar sus colegios y hospitales, atender a los enfermos, ancianos, marginados,
niños e indigentes, mantener las instalaciones... toda una red de actuaciones
que se sostiene gracias a la esmerada y silenciosa labor de los católicos.
Nada que ver con la «sobrefinanciación» que comentó
el ministro de Trabajo.
J. A. Méndez/ J. R. Navarro
Madrid- Desde que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, planteó
la posible «sobrefinanciación» a la Iglesia católica,
el debate sobre la contribución económica del Estado a la institución
eclesial ha sido incesante. Cargos políticos, medios de comunicación,
representantes católicos... todos han aportado su visión al respecto.
Sin embargo, han sido pocos quienes han ofrecido la visión contraria:
lo que la Iglesia católica, a través de sus distintas acciones
sociales, aporta al Estado español. LA RAZÓN ha elaborado una
tabla de gastos e ingresos en la relación Iglesia-Estado y el resultado
es demoledor: más de 31.186 millones de euros (cerca de 5,19 billones,
con b, de pesetas). Esta escandalosa cifra es lo que le costaría a la
Administración Pública toda la labor de la Iglesia en el hipotético
caso de que ésta desapareciese o dejara de hacerse cargo de sus colegios,
hospitales, ambulatorios, dispensarios, organizaciones no gubernamentales...
La labor es tan amplia y los datos tan cuantiosos que resultan más comprensibles
analizándolos en los tres grupos mayoritarios de acción –enseñanza,
sanidad y obra social– y partiendo de este supuesto: ¿qué
le costaría al pueblo español mantener con sus impuestos las actividades
de la Iglesia y construir y sostener los centros desde donde las realiza? Tradicionalmente
la Iglesia siempre ha jugado un papel fundamental en la enseñanza. Algo
lógico, puesto que antes de que el Estado financiase la Educación
(y la Sanidad, y la obra social...), ella ya tenía escuelas. Tal y como
señala el semanario Época en su último número, las
distintas congregaciones religiosas mantienen en activo 5.141 centros entre
guarderías, centros de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato,
en cuyas aulas se sientan 990.774 alumnos dispuestos a compaginar las matemáticas
y la literatura con el aprendizaje de los valores cristianos. Según la
estimación del ex Secretario de Estado de Universidades, Álvaro
Marchesi, el coste medio por alumno es de 2.989 euros. Así, la Iglesia
se gasta en sus alumnos unos 2.962 millones de euros, pero con la ayuda de 1.783
millones que aporta el Estado, la cifra se reduce a 1.178. A esto hay que añadir
que si, según fuentes consultadas por este periódico, construir
un colegio público cuesta alrededor de 3 millones de euros, el Estado
debería invertir 15.423 millones para ofrecer el mismo servicio que hace
la Iglesia –algo menos que el presupuesto de 2004 para los ministerios
de Defensa, Interior y Fomento–. El economista y colaborador de LA RAZÓN
José Barea afirma que «si la Iglesia no prestase sus servicios,
tendrían que aumentarse los impuestos. El beneficio es doble: para los
beneficiados y para los contribuyentes». La obra sanitaria de la Iglesia
no es menos esmerada. Sus 107 hospitales, 128 ambulatorios y dispensarios, 876
centros para ancianos, enfermos crónicos, terminales y minusválidos,
atienden a 387.356 personas al año. Para ello cuenta con 51.312 camas
que le cuestan 270 euros al día. O lo que es lo mismo, 5.056 millones
de euros al año. Además, teniendo en cuenta que construir un hospital
cuesta del orden de 50 millones de euros, y el resto de los centro unos 4 millones,
el Estado deja de hacerse cargo de 5.350 millones en hospitales y de 4.016 en
otros centros. La obra social de la Iglesia es muy amplia. Según datos
del año 2000, sólo con las aportaciones monetarias de Caritas
(155 millones, de los cuales 47 corría a cargo del gasto público),
Manos Unidas (43 millones en 2003, con una ayuda estatal de 9 millones) y Obras
Misionales Pontificias, (21 en 2000), el Estado tendría que haber aportado
163 millones. Además, financia el 80 por ciento del patrimonio histórico
y artístico de España. Así las cosas, no parece demasiado
sensato decir que el Estado mantiene a la Iglesia católica.
Las diócesis alemanas reciben 4.500 millones de euros al año
por el impuesto religioso, frente a los 138 de las españolas
Los 138 millones de euros que recibe la Iglesia española de la asignación
del IRPF quedan muy lejos, por ejemplo, de los 1.016 que obtiene, por el mismo
concepto, la Iglesia italiana o de los 4.500 que, vía impuesto religioso,
recaudan las diócesis alemanas. En países como Francia o EE UU,
donde no existe un sistema de asignación directa, la Iglesia recibe también
mayor apoyo económico, a través de subvenciones a labores sociales
o al mantenimiento de templos. Sin olvidar que en Gran Bretaña, Suecia,
Noruega y Dinamarca existen Iglesias nacionales financiadas directamente por
el Estado. A pesar de todos estos datos, algunos políticos se empeñan
en seguir hablando de privilegios o sobrefinaciación de la Iglesia española.
José R. Navarro Pareja
Madrid- Hasta la firma de los Acuerdos de 1979, la Iglesia española recibía
una una dotación presupuestaria a cargo del Estado. El nuevo sistema
de asignación tributaria, definido entonces como un novedoso avance canónico,
proponía que fuera el contribuyente quien manifestase «su voluntad»
de contribuir al sostenimiento de la Iglesia. A la hora de desarrollar la fórmula
surgieron los problemas. Primero por los modos, al ser decidido de forma unilateral
por el Gobierno socialista, a través del entonces vicepresidente, Alfonso
Guerra. Y también en el fondo: al calcular el porcentaje del IRPF que
se destinaría a la financiación de la Iglesia, Guerra «cometió
el error» de dividir la última asignación recibida por la
Iglesia entre el número total de contribuyentes. De ahí surgió
el 0,5239. Como era de esperar que no todos marcaran la casilla, la cantidad
recibida por la Iglesia por el nuevo sistema fue menor desde un primer momento.
La otra trampa propuesta por el Gobierno socialista fue obligar a los contribuyentes
a que eligieran entre colaborar con la Iglesia católica o con «otros
fines de interés social». La asignación tributaria nacía
ya viciada, y los resultados fueron los esperados: la cantidad asignada a la
Iglesia a través del IRPF fue un 50 por ciento menor de la que había
recibido de los presupuestos en el ejercicio anterior. Ante esto, el acuerdo
establecía que, de forma provisional, el Estado completaría la
cantidad recibida por la Iglesia, hasta que la asignación a través
del IRPF igualara a la que se le había dotado en los presupuestos anteriores.
A pesar de que en 1998 el Gobierno permitió que se pudiera poner la cruz
en ambas casillas, la cantidad del IRPF nunca ha igualado la dotación
que recibía la Iglesia, lo que ha obligado a que el Estado destine un
complemento todos los años, si bien es cierto que éste se ha ido
reduciendo, desde el 50 por ciento inicial a un 18 en el último ejercicio.
La Conferencia Episcopal está dispuesta a que se revise este sistema,
y para ello propone que se asemeje al sistema italiano que, inspirado en el
español, aporta unas modificaciones que lo hacen más completo.
En primer lugar, el porcentaje destinado a la Iglesia aumenta hasta el 0,8 por
ciento. Además, no obliga a elegir ante otros fines sociales. El acto
no se reduce a una simple cruz, como en España, sino que el contribuyente
debe firmar la página, lo que evita olvidos. Esto ha permitido que la
Iglesia italiana reciba con este sistema 1.016 millones en 2003. El diputado
socialista Álvaro Cuesta propone que la Iglesia española se financie
al «estilo alemán», es decir, con un impuesto religioso que
se paga además del IRPF y es obligatorio para todos los contribuyentes.
Los ciudadanos deben manifestar su creencia religiosa para, al pagar sus impuestos,
destinar a su confesión de un 8 a un 9 por ciento adicional. La única
forma de no pagar este impuesto es firmar una declaración de salida de
la Iglesia que, al ser una forma de apostasía, causa problemas a la hora
de requerir servicios religiosos, como el matrimonio o las exequias. La cantidad
recaudada va directamente a las diócesis y oscila en función del
número de católicos que vivan en ellas. En 2003, el Estado transfirió
a la Iglesia católica 4.500 millones de euros en concepto de impuesto
religioso. En Austria o Dinamarca también se utilizan sistemas similares
al alemán, pero con unos porcentajes más reducidos, del 1 al 1,
5 por ciento.
La plataforma Hazte Oír denuncia un documento de los socialistas que
pide «estudiar qué párrocos son más agresivos con
nosotros»
«Detrás del cristianismo se esconden la Inquisición, la
tortura, la quema de libros y la aberrante enseñanza moral de la Iglesia
en materia sexual»; «en democracia, derechos humanos e igualdad,
Dios es un converso reciente»; «la mitra y el púlpito son
elementos contrarios a la naturaleza y quienes en ellos se expresan son seres
emocionalmente desorganizados, un peligro para la salud mental y el normal desarrollo
de las sociedades avanzadas». Así se han expresado numerosos dirigentes
socialistas desde que su partido alcanzara el poder en las pasadas elecciones
de marzo. Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández
de la Vega, aseguraba recientemente que la supuesta persecución a la
Iglesia «era una historia un poco fantástica». Juzguen por
ustedes mismos.
Álex Navajas
Madrid- El pasado 16 de noviembre, Fernández de la Vega mostraba su sorpresa
ante las cámaras de TVE por el malestar de numerosos católicos
que hablaban de «persecución a la Iglesia» por parte del
Gobierno. «Me gustaría que me concretaran en qué se sienten
perseguidos los ciudadanos de este país que profesan la fe católica».
La plataforma ciudadana Hazte Oír (www.hazteoir.org) ha atendido la solicitud
de la vicepresidenta y publicó ayer un documento titulado «Crónica
de los ataques del Gobierno y del PSOE contra la Iglesia católica».
La plataforma ha detectado alrededor de 40 ataques. Éstos son los más
destacados:
9 de junio: Se hacen públicas varias instrucciones internas del PSOE
de cara a las elecciones europeas del 13 de junio. Entre ellas se encuentra
la siguiente recomendación: «Estudiar qué párrocos
son más agresivos contra nosotros».
Ese mismo día, José Borrell, candidato del PSOE a las elecciones
europeas, afirma en un debate electoral televisado: «Hay una serie de
consideraciones morales y religiosas de las que hay que deshacerse».
20 de junio: Uno de los notables del PSOE, Gregorio Peces-Barba, advierte a
la Casa Real, en un artículo de prensa a raíz de la boda por la
Iglesia del Príncipe Felipe, que «si sigue apareciendo públicamente
cerca de la Iglesia católica, corre peligro la pervivencia de la institución».
Rafael Simancas, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, participa en un
acto de apoyo a la obra de teatro titulada «Me cago en Dios» en
el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
9 de julio: El Secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del
PSOE, Pedro Zerolo, acusa a la Iglesia de «machacar a diario a gays, lesbianas
y transexuales» y de utilizar «sus registros de bautismo en beneficio
propio, para obtener subvenciones». Zerolo hizo estas declaraciones en
la entrega de 1.500 apostasías en el arzobispado de Madrid.
20 de julio: El ministerio de Educación expulsa a la escuela católica
del Consejo Escolar del Estado. El portavoz de la FERE, que representa a la
cuarta parte del total de la comunidad escolar de España, queda fuera
del máximo órgano consultivo del Gobierno en materia de enseñanza.
21 de julio: Los sectores afines al PSOE aprovechan la expulsión y votan
una iniciativa para sacar todas las religiones del ámbito escolar.
7 de octubre: Televisión Española cesa a su coordinador de Información
Religiosa. La explicación oficial es que «no son necesarios sus
servicios en la nueva etapa».
11 de octubre: En una entrevista con LA RAZÓN, Pedro Zerolo declara:
«Si España hubiera seguido las directrices de la Iglesia, estaría
más cerca de Irán que de Francia».
6 de noviembre: Los sectores cristianos del PSOE muestran su preocupación
por la actuación de lo que consideran como «tendencias más
laicistas del PSOE». Carlos García de Andoín, representante
de «Cristianos por el Socialismo», declara que los cristianos del
PSOE contemplan «con mucho malestar» el aumento de la tensión
entre su partido y la Iglesia.
22 de noviembre: La Secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce,
pide a los ciudadanos que no marquen la casilla de la Iglesia católica
en el IRPF.
josé luis r. zapatero
Presidente del Gobierno
El presidente del Gobierno ya advirtió antes de ser elegido que quería
«más gimnasia y menos religión» en la escuela. Apenas
dos semanas después de su investidura, el Gobierno deroga la aplicación
de lo relativo a la religión católica que contemplaba la LOCE.
«Vamos a acabar con la moral y actitudes carca», anunció
en agosto.
m. teresa f. de la vega
Vicepresidenta del Gobierno
El 24 de septiembre, la vicepresidenta impulsa una «hoja de ruta para
conseguir la aconfesionalidad del Estado» que busca acabar con la financiación
de la Iglesia católica a través del IRPF, eliminar las subvenciones
a las organizaciones católicas, hacer desaparecer la simbología
cristiana de los lugares públicos, etc.
pedro zerolo
Secretario Movs. Soc. del PSOE
«La mitra y el púlpito son elementos contrarios a la naturaleza
y, quienes en ellos se expresan, son seres emocionalmente desorganizados, un
peligro para la salud mental y el normal desarrollo de las sociedades avanzadas»
(6 de marzo). «El obispo de Mondoñedo-Ferrol es un enfermo mental»
(año 2002).
josé antonio alonso
Ministro del Interior
El 2 de mayo, José Antonio Alonso propone «el control de toda actividad
religiosa del culto que sea», incluyendo la censura previa de los sermones
en los templos católicos. Al mismo tiempo, su partido e IU en Córdoba
apoyan a los musulmanes en su reclamación de compartir la mezquita-catedral
de la ciudad andaluza.
jesús caldera
Ministro de Trabajo
Ante el rechazo de los obispos españoles a la posible legalización
del matrimonio entre personas del mismo sexo por parte del Gobierno, el ministro
de Trabajo, Jesús Caldera, responde que «la financiación
de la Iglesia católica se tendrá que acabar algún día»
(22 de julio).
juan f. lópez aguilar
Ministro de Justicia
El 4 de mayo afirma que el Gobierno revisará el Concordato. El 1 de agosto,
acusa a los obispos de «interferir en la actuación del legislador»
por mostrarse contrarios a las reformas del Gobierno. El ministro advierte que
la Iglesia «tendrá que apuntar a su propia suficiencia financiera».
josé blanco
Secretario de organización PSOE
El 8 de noviembre, el secretario de organización del Partido Socialista,
José Blanco, descalifica a la Iglesia por defender «posturas casposas».
El 22 de ese mes, sin embargo, dentro del partido, algunas voces como la de
Ramón Jáuregui piden «seguir una política de mayor
prudencia con la Iglesia católica».
josé borrell
Presidente Parlamento Europeo
«Detrás del cristianismo se esconden la Inquisición, la
tortura, la quema de libros, la aberrante enseñanza moral de la Iglesia
en materia sexual» y, respecto a «la democracia, derechos humanos
e igualdad, Dios es un converso reciente; se acomodó durante siglos a
la esclavitud» (25 de mayo).
JESÚS SÁNCHEZ MAUS /PRESBÍTERO DE LA DIÓCESIS
DE BILBAO
Cuando traigo a la memoria las imágenes de la principal celebración
litúrgica en Madrid por los atentados del pasado 11 de marzo, todavía
me invade un doble sentimiento de tristeza. Por el hecho de ponerme en el lugar
de quienes perdieron para siempre a sus familiares y amigos. Y además,
como católico, al recordar la ausencia de gestos de compasión
con los allegados de las víctimas por parte de los cualificados representantes
de la Iglesia que presidieron aquella eucaristía, en contraste con la
cercanía y empatía que manifestaron los miembros de la monarquía
española, y que todos pudimos apreciar por la televisión.
De igual manera, me causa profunda desazón el mensaje del arzobispo de Santiago el día de la ofrenda al Apóstol, donde la homilía de respuesta al Rey tenía más bien poco de respuesta a las incertidumbres que Don Juan Carlos planteaba. El arzobispo desarrolló una defensa insistente acerca de la prevalencia del discurso moral de la Iglesia en nuestra sociedad que en su visión se halla invadida por un «laicismo» que se presenta «como dogma público fundamental» y donde «la fe es simplemente tolerada como opinión privada». Hablando de paso del matrimonio «esencialmente heterosexual y base ineludible de la familia», como no podía ser menos en esos momentos de sacudida mediática. Por su parte, el Rey describió el panorama para el que invocaba la ayuda del Apóstol sin escatimar referencias a las injusticias, a la mala distribución de la riqueza y los recursos, a la persecución por valores, ideas, raza, sexo o creencias, a la libertad y los derechos humanos, a la persistencia del hambre y la pobreza, a los inmigrantes, discapacitados, enfermos y desvalidos y a los marginados. Igualmente invocó la ayuda de Santiago en la conservación de los grandes patrimonios de la paz, la libertad, la convivencia, la tolerancia, la estabilidad, los derechos sociales y la búsqueda de la justicia y la concordia. Incluso en la parte de su alocución en gallego tuvo un recuerdo para la pasada tragedia del 'Prestige'.
No deja de ser paradójico, y preocupante por lo que nos toca a los de dentro, que hallemos en el testimonio real con las víctimas y en su discurso más resonancias evangélicas que en las palabras públicas de los representantes eclesiásticos.
Estos hechos me motivan para abordar algunas reflexiones, junto a los que se van sucediendo semana tras semana, quizás para desembocar en esa manifestación que 'probablemente' se convoque para diciembre en Madrid en contra de algunas pretensiones del actual Gobierno español. Si ya es poco el caso que se hace fuera de la Iglesia Católica a sus pastores en lo que últimamente están metiendo más ruido, no es mayor el que en eso mismo se les hace dentro de la misma comunidad cristiana. Esto es claro y considero que muchos lo tienen que ver, a no ser que una potente y extraordinaria iluminación ciegue los ojos y obture los oídos ante lo que reiteradamente evidencian tantos y diversos estudios de opinión, también desde la propia Iglesia.
Los que somos creyentes compartimos la idea de que creer en Dios es salvaguarda para el ser humano, pero no podemos obligar a nadie a creer en el Dios que nosotros creemos, ni siquiera a creer en algún dios. La Iglesia Católica no es ya la única referencia de lo religioso, ni siquiera la más importante, pues en España son más los que la ningunean que los que la miran con algún deseo de encontrar en sus propuestas algo válido para la existencia cotidiana.
Sin lugar a dudas, los cristianos hemos de ver en la palabra y la actuación de Cristo el fundamento que da sentido a las exigencias morales, pero sobre todo y principalmente a 'nuestras' exigencias morales. Y, tristemente, dejan bastante que desear. No percibo, por ejemplo, la misma intensidad ni beligerancia alguna de la Iglesia en la salvaguarda de la vida humana frente a la injusta realidad de la pena de muerte. ¿Dónde está la crítica atrevida, exigente, sostenida y arriesgada frente a las cruentas guerras de los poderosos contra los más pobres? Me defraudan unos pastores que, a base de envolver con palabras bonitas las realidades, consiguen mantenerlas a raya, haciendo uso de un inteligente método de embaucamiento para que en definitiva nada de lo que no interesa cambie. Como sucede con las mujeres. Nadie como la Iglesia probablemente las ha ensalzado tanto en su condición humana, y nadie como ella les ha impedido tanto en este momento avanzar para situarse a la altura de los tiempos actuales.
Los que conformamos este cuerpo social que es la Iglesia no podemos vivir una fe disfrazada o acomplejada, pues ella es la referencia vital más significativa y determinante de nuestra existencia, privada y pública, personal y colectiva. Nada de esto debe ponerse en cuestión. Pero quizás como nunca nos sentimos abochornados por las declaraciones de algunos de nuestros pastores. Es verdad que su ordenación episcopal les impele a actuar como 'colegio apostólico'. No cabe duda de que se sienten 'colegio' (lo evidencia su corporativismo, sin contrapunto), pero deberían empeñarse más en el adjetivo 'apostólico', pues tienen la máxima responsabilidad en la transmisión de la fe verdadera, que no es ni siquiera principalmente un elenco de exigencias morales que hay que obligar a cumplir a todos, de dentro y de fuera. Que yo sepa, la verdadera comunión eclesial no ha pasado ni puede pasar por decir amén y sin rechistar a todo lo que se le ocurre y explicita públicamente un prelado, porque no dejaría de ser en su caso algo fuera de tono por muy alto cargo eclesial que ostente. Sirvan de muestra las declaraciones del obispo de Alcalá en su cruzada contra los homosexuales, con lo que estoy en desacuerdo y me hace sentir vergüenza. A Dios gracias, mi fe no se tambalea por el sonrojo que me causa oír a ese obispo, pero no dejo de preguntarme: ¿Dónde está realmente la 'anormalidad psicológica'? ¿Quién manifiesta en todo caso síntomas de una patología que necesita algún tipo de tratamiento? Y más aún, ¿qué hay de evangélico en lo que ha dicho ese monseñor? Lo evangélico no consiste en nombrar el Evangelio o a Cristo. Sería puro nominalismo. Lo evangélico es el conjunto de ideas, actitudes y comportamientos verificados en la vida y sujeto al contraste con el testimonio de Jesús de Nazaret que la tradición viva de la Iglesia nos ha hecho llegar.
Ante esta situación, resulta fácil entender la pérdida de adhesión eclesial. Se oye con frecuencia hablar de la dificultad de la transmisión de la fe cristiana, apelando a la necesidad de conversión individual y a la impermeabilidad de la sociedad. Creo que es en parte verdad que los valores cristianos encuentran resistencias en nuestra manera de ser hoy personas y en la cultura que envuelve nuestro hábitat social. Pero entre lo individual y lo social hay un espacio intermedio al que rara vez se refieren los obispos: el institucional; más en concreto, la organización y estructuras de la Iglesia. No es de recibo obviar el hallazgo ya antiguo de la sociología acerca de la importancia de las estructuras en la vida de los sujetos humanos.
Por eso, sería justo y ejemplar mirarnos a nosotros mismos como institución antes que arremeter contra el Gobierno y sus propuestas legislativas, las asociaciones de gays y lesbianas, las reivindicaciones de las mujeres o contra quien sea. La llamada a la transformación (conversión) de las personas debe necesariamente ser acompañada de los respectivos cambios estructurales de dentro, para que con los de fuera se propicie la convergencia en torno a una sociedad más humana, más fraterna, más justa y más verdaderamente religiosa, que supongo es lo que interesa a los máximos responsables de la comunidad católica.
NO todas las consecuencias de la llegada del PSOE al poder iban a ser negativas para la Iglesia católica. La política de enfrentamiento y hostilidad que está practicando el Gobierno de Rodríguez Zapatero empieza a dar un fruto con el que no contaban los diseñadores de este talante anticlerical: el empeño de la Iglesia en buscar definitivamente su posición en una sociedad laica y compleja, como la española. Y lo está haciendo con un esfuerzo encomiable de autocrítica y compromiso, realizado con audacia ante una opinión pública habituada a tratar a la Iglesia como una realidad monolítica e impermeable a los cambios de los tiempos. Hace unos días, Fernando Sebastián, arzobispo de Pamplona y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, apelaba a la sinceridad de los católicos y denunciaba la «mediocridad espiritual» de la Iglesia española. Todo un ejemplo para tanto laicista incapaz de asumir una revisión de sus propios postulados, muchos caducos y trasnochados. La actitud de Sebastián marca el camino para que la Iglesia ejerza el liderazgo espiritual que le corresponde, defendiendo una moral religiosa que también ha dado lugar a una ética social. Por eso, el Gobierno debe atender el ofrecimiento de diálogo que expuso el presidente del Episcopado, monseñor Rouco, porque no todo depende sólo de los votos parlamentarios, sino también del entendimiento con una institución que cuenta con el activo de su autoridad espiritual, convertible, llegado el caso, en una fuerza de convocatoria social.
La Conferencia Episcopal no escondió los principios de su oferta de diálogo, que conforman el magisterio de la Iglesia sobre cuestiones irrenunciables para su doctrina, como el matrimonio heterosexual, la condena del aborto o la eutanasia activa o la libertad de enseñanza. En los momentos de confrontación es cuando personas y instituciones se muestran auténticas. Y la Iglesia lo está haciendo porque cree que es el tiempo de defender sus principios. Nadie puede reprochárselo, y sólo una veta autoritaria y jacobina explica las reacciones amenazadoras que piden silencio a la Iglesia a cambio de dinero. Este pobre criterio es el que demostró la secretaria de Estado para Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, quien después de escuchar a Rouco llegó a la conclusión de que la mejor respuesta era invitar a los españoles a no marcar la casilla reservada a la Iglesia en sus declaraciones tributarias. Será porque Valcarce, que luego trató de matizar tarde y mal su arranque de sinceridad, ya sabe -debe de ser la única- cómo va a asumir el Estado la colosal labor humanitaria, educativa, asistencial y social que ejerce la Iglesia con recursos económicos mínimos, pero con la extraordinaria vocación de servicio de religiosos y laicos volcados con el bien común.
FELIPE González
EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO
Hace casi dos décadas recibí en la Moncloa la visita del secretario
de Estado Vaticano, monseñor Agostino Casaroli, acompañado del
entonces nuncio en España. Era el secretario de Estado un hombre inteligente,
culto y experimentado como pocos de los que he conocido. Ya ocupaba su cargo
cuando se firmó el Acta Final de Helsinki, allá por el año
1974, que marcaba una etapa diferente en las relaciones entre el Este y el Oeste
de aquella época de guerra fría.
En ninguna de las conversaciones que mantuve con este hombre dejé de
sentir el placer intelectual de sus palabras. Y aquella ocasión en la
Moncloa no fue una excepción, más allá de contenidos difíciles
en la relación entre el Vaticano y el Gobierno español.
Me decía aquella vez monseñor Casaroli que todo buen predicador
debe plantear a su interlocutor o auditorio un máximo de tres cuestiones,
para que mantengan la atención. ¿Cómo, entonces los mandamientos
de la ley de Dios, son 10?, le pregunté. Usted sabe, respondió,
que se resumen en dos.
Pues bien, los tres temas en cuestión eran, aunque parezcan olvidados
como todo lo demás, financiación de la Iglesia, educación
y contenidos de la televisión --a la sazón sólo Televisión
Española--. Por mi parte sólo añadí otro, propio
de las preocupaciones del momento: la actitud de algunos sectores de la Iglesia
en relación con la violencia terrorista de ETA.
La LODE, planteada por el ministro de Educación, José María
Maravall, había provocado una movilización como la que hoy se
anuncia. La financiación de los conciertos, sin embargo, había
supuesto un incremento espectacular de ingresos para la educación a cargo
de la Iglesia, no sin cierta incomprensión por parte de los sectores
laicos.
La televisión pública estaba exenta de los programas que más
tarde se vieron y calificaron como telebasura. Pero en las madrugadas, que jamás
seguí, se podían ver películas que herían la sensibilidad,
me decía, de los creyentes por su tono erótico subido. Pensé
en los insomnes sin otra cosa en qué distraerse o en los interesados
en este tipo de productos, que, como los viejos censores, sufrían y gozaban
en rara mezcla de sentimientos. Y en la financiación se habían
producido cambios múltiples, siempre a favor de la Iglesia, fueran de
tipo fiscal, retributivo o de seguridad social.
YO ESTABA volviendo del Parlamento para acudir al encuentro. La radio del coche,
bajo la responsabilidad del conductor oficial, sintonizaba un programa de la
COPE de amplia audiencia en las mañanas, que, para mi sorpresa, en aquella
ocasión debatía la intensidad de las relaciones sexuales de la
duquesa y el duque de Alba. Le comenté a monseñor el hecho, rogándole,
en tono distendido, que pidiera la grabación para evaluar la tarea formativa
de su cadena de radio.
De esta manera consideré que tenía una batería de respuestas,
incluso ocasionales en el último caso, para la conversación sobre
las cuestiones que me planteaba. Pero no crean que no existieron ocasiones para
hablar de otros temas como la despenalización del aborto --aún
vigente tras ocho años de gobierno de los que se oponían-- o las
campañas para prevenir graves enfermedades como el sida.
En los contenidos audiovisuales vivíamos otros tiempos, incomparables
con los venidos más tarde, con un Gobierno que ellos sentían mucho
más próximo. Pero no noté que estuvieran muy preocupados
por ellos, o, al menos, no recuerdo campaña alguna para contrarrestar
ese tipo de programas que ponen en venta escabrosas intimidades.
En los temas referidos al dinero: financiación, educación, fiscalidad
y Seguridad Social, me permití decir que estaba seguro de que su información
era incorrecta y que, por ello, la primera providencia debería ser que
su acompañante le pusiera al día. No obstante, le ofrecí,
más allá de que hiciera o no este ejercicio de revisión
de cifras, que buscara un modelo de relación Iglesia-Estado que estuviera
vigente en cualquiera de los muchos de que disponía el Vaticano con diferentes
países, y, si encontraba alguno que en su conjunto fuera más satisfactorio
para la Iglesia que el que nos afectaba, que no dudara en comunicármelo
para iniciar las negociaciones de sustitución. ¡Nunca ocurrió!
Como de nuevo hay ruidos, tal vez convenga con sosiego e inteligencia, ir poniendo
las cosas en su punto a través del diálogo. Cada cual en su lugar,
sabiendo lo que importa en una convivencia que pasó por momentos muy
complicados en nuestra historia.
SIEMPRE me interesó este tema y traté de comprender las razones
de fondo de comportamientos no fáciles de explicar. Tal vez fuera mi
condición de cristiano de formación, ineludible la definamos como
la definamos. Yo lo hago recordando que no me sitúo entre los ateos,
ni siquiera entre los agnósticos, sino entre los que perdieron la fe
y sufren una especie de minusvalía para hacerse comprender por los que
la usan como arma de combate por sus creencias.
Sorprende que esta anunciada campaña, a la que tienen el mismo derecho
que cualquiera, empiece por la eutanasia que, como es sabido, no parece entrar
en las prioridades del Gobierno.
Gratamente sorprendido por la reflexión de Martín Patino en El
País sobre laicismo y laicidad, a la que habría que añadir
confesionalidad y confesionalismo, creo necesario dejar de inventar fantasmas
que operen como el famoso conflicto de civilizaciones. La Iglesia católica
o, si prefieren, la cristiandad, es demasiado importante en nuestro espacio
español y europeo, más allá de los aspectos relacionados
con la fe, para que se caiga en la tentación de utilizarla de manera
excluyente.