MÁS DE 100 GOBIERNOS APRUEBAN EN DUBLÍN EL TEXTO DE UN TRATADO INTERNACIONAL PARA PROHIBIR LAS BOMBAS DE RACIMO

- El documento se abrirá a la firma en diciembre en Oslo, y sólo es necesaria la ratificación de 30 Estados para que entre en vigor

- Greenpeace y la CMC Barcelona (CECAR, Fundació per la Pau, Justicia i PAU y Moviment per la Pau) lo valoran como un momento histórico

- Todas las bombas de racimo que se han usado durante más de 40 años quedarán prohibidas

Más de 100 Gobiernos han dado hoy en Dublín un paso histórico al aprobar el texto de un Tratado Internacional de prohibición de las bombas de racimo. El documento, aprobado por consenso, prohíbe este tipo de armamento de forma categórica y hace ilegal, a partir de su entrada en vigor, la fabricación, uso, posesión o venta de bombas de racimo, por ser armas que causan daños inaceptables a las poblaciones civiles.

Todas las bombas de racimo que se usaron de Laos a Líbano, pasando por Camboya, Irak y Kosovo, serán prohibidas. El Tratado se abrirá a la firma de los Estados el próximo mes de diciembre en Oslo, y sólo será necesario que 30 Estados lo ratifiquen para que entre en vigor. A pesar de las reticencias de algunos países, no se han incluido periodos de transición que permitirían seguir utilizando dichas armas durante un cierto tiempo. Tampoco existe la posibilidad de que algún país exprese reservas sobre algunas de las disposiciones del Tratado, ya que éste lo prohíbe de manera expresa.

El Tratado establece medidas y plazos de destrucción de arsenales: debe ser lo antes posible, y nunca después de ocho años a partir de su ratificación.
Cualquier posible retraso debe ser justificado con información exhaustiva ante Naciones Unidas. El apartado de asistencia a las víctimas uno de los puntos menos fuertes del Tratado de Ottawa, que prohibió las minas antipersonales- es en esta ocasión reforzado. Se establece la obligación de proporcionar asistencia médica, rehabilitación y apoyo psicológico, y de tener en cuenta las consideraciones de sexo y edad. Cada Estado parte debe desarrollar para ello un plan nacional, calendarios y presupuesto, así como recabar si es necesario ayuda internacional.

Los Estados parte contraen obligaciones claras en materia de cooperación y asistencia internacional hacia las víctimas y los países afectados. Esta ayuda puede ser bilateral o ser canalizada a través del sistema de la ONU, y organizaciones nacionales, regionales e internacionales.

Quizá uno de los apartados más ambiciosos es el que se refiere a medidas de transparencia. Cada Estado miembro debe, en un plazo máximo de 180 días desde la ratificación del Tratado, entregar un informe de situación al Secretario General de la ONU. En él debe detallar el número de bombas de racimo que posee y sus características técnicas; los programas de reconversión o desmantelamiento de sus instalaciones y fábricas; los progresos realizados en la destrucción, etc. Este informe debe ser actualizado anualmente.

Uno de los aspectos más controvertidos hasta el final de las negociaciones fue la interoperatibilidad, es decir, las maniobras militares conjuntas entre Estados miembros del Tratado y los que no lo son (un tema sensible especialmente en lo que se refiere a EE UU y sus alianzas militares). En este asunto no fue posible lograr todos los avances deseados, pero las garantías que serían necesarias para utilizar estas armas en maniobras y operaciones conjuntas lo hace prácticamente inviable.

La sociedad civil, que estaba presente en Dublín con más de 200 organizaciones de todo el mundo, ha valorado este texto y la propia Conferencia como un momento histórico para acabar con el sufrimiento que durante 40 años ha causado este tipo de armas. Muchos supervivientes presentes en Dublín expresaron su euforia. Se trata de un documento histórico que significará un cambio real en las vidas de muchos afectados, y que evitará que haya más víctimas en el futuro. El Derecho Internacional Humanitario (DIH) ha dado hoy un gigantesco paso adelante, aseguró Eugeni Barquero, de la Fundació per la Pau.

Al Tratado se han sumado finalmente grandes países productores como el Reino Unido, Alemania o Francia, entre otros europeos, además de más de 100 países de América Latina, África y Asia. Esto garantiza el apoyo político suficiente para que el Tratado sea una norma internacional importante, y se ha logrado sin edulcorar su contenido. El Tratado contra las minas antipersonales logró inicialmente sólo el apoyo de 46 países, y hoy son más de 160. Por eso creemos que este avance será decisivo, afirmó Mabel González, de Greenpeace.

El amplio apoyo recibido hace que signifique no sólo la prohibición, sino la estigmatización de este tipo de armamento, lo que condicionará también el comportamiento de aquellos que no lo firmen. La contundencia del texto permite asegurar que a partir de ahora estas armas quedan sometidas a una condena moral que hará mucho más difícil su uso, afirmó Maria Josep Parés, del Moviment per la Pau.

España también ha asegurado que lo apoyará. Cuando eso ocurra, las dos bombas que se fabrican en España (la BME-330 de Expal, y la MAT-120 de Instalaza) quedarán prohibidas, y el ejército deberá deshacerse de sus arsenales. Nos alegramos de que el Gobierno haya demostrado finalmente su compromiso humanitario, y lo invitamos a poner en marcha cuanto antes las medidas necesarias para que sea efectivo. Un gesto importante sería que formara parte del primer grupo de 30 Estados que es necesario para que entre en vigor, dijo Jordi Calvo, de Justicia i Pau.

Después de Dublín, la sociedad civil continuará trabajando para asegurar que el Tratado se aplica de forma rigurosa y exigente. Tanto la CMC a nivel global, como la CMC Barcelona y Greenpeace seguirán dedicando esfuerzos a este objetivo. El Proceso de Oslo ha demostrado una vez más que una presión conjunta y concertada por parte de la sociedad civil puede mover voluntades y lograr avances políticos importantes. A la espera de que el viernes a las 12.00h la Conferencia se cierre definitivamente, la valoración es extremadamente positiva.

Para más información:
Dublín, Eugeni Barquero, Fundació per la Pau: 617 01 22 61 Barcelona, Jordi Calvo, Justicia i Pau: 658 04 18 18 Dublín, Mabel González, Greenpeace: 660 63 71 90 Barcelona, Maria Josep Parés, Moviment per la Pau: 660 15 98 16 Prensa de Greenpeace en Dublín, Marta San Román, 680 400 645